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Bogotá, marzo 15-2010 (OP). El máximo órgano de Naciones Unidas en asuntos laborales valoró, en su último informe de aplicación de convenios internacionales del trabajo, los compromisos del gobierno colombiano en materia laboral y reconoció las medidas que ha tomado para fortalecer la lucha contra la violencia sindical.
Colombia ha sido reconocida por segundo año consecutivo como Caso en Progreso en el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de OIT, lo cual es motivo de satisfacción para el Ministerio de la Protección Social. El año pasado, el país fue incluido en dicha categoría por la aplicación del Convenio 87. En esta oportunidad, por la aplicación de los Convenios 87, 98 y 151.
Como resultado de su tarea de inspección en nuestro país, la Comisión de Expertos de la OIT verificó que en Colombia han disminuido los asesinatos contra sindicalistas y calificó como “satisfactorio el plazo de 30 años para las conductas punibles contra homicidios a sindicalistas que estableció la Ley 1309 de 2009, aprobada por el Congreso de la República por iniciativa del Ejecutivo.
El informe destaca también la importancia de las normas que se adoptaron en la Ley 1210 en materia de declaratoria de huelgas por parte de las organizaciones sindicales. A partir de esta reforma, el Ministerio de la Protección Social ya no cuenta con autoridad para declarar la legalidad o ilegalidad de las huelgas. Ahora, esta potestad le corresponde a la justicia laboral ordinaria.
A través de esta nueva disposición, Colombia se adecua a la normatividad y a los compromisos adoptados en el marco de los instrumentos internacionales y brinda a los sindicatos colombianos, mayores garantías para ejercer su labor con equidad y libertad.
Desde otra perspectiva, el informe destaca los esfuerzos adelantados por el Gobierno Nacional para reparar a las víctimas de la violencia a través del decreto 1290, de reparaciones individuales por vía administrativa.
La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones es un órgano independiente, constituido por juristas, cuya misión es examinar la aplicación que hacen los Estados miembros de los convenios y las recomendaciones de la OIT. Su informe anual será considerado por la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT durante su reunión del mes de junio.
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